Minera Candelaria: negociación colectiva y garantías para las empresas

DIARIO FINANCIERO
06 de noviembre 2020
OPINIÓN / Sebastián Parga

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Sebastián Parga M.

“Comenzó la huelga legal de dos Sindicatos en Minera Candelaria”. Esta noticia no debería impactar si no fuera por las consecuencias que ha causado. En efecto, debido a los cortes a los accesos al yacimiento y las manifestaciones de los trabajadores sindicalizados, la empresa decidió suspender sus operaciones, buscando mantener únicamente la continuidad de las labores esenciales en las faenas.

Esto es grave, ya que el propio Código del Trabajo señala que “la huelga no afectará la libertad de trabajo de los trabajadores no involucrados en ella, ni la ejecución de las funciones convenidas en sus contratos de trabajo”. ¿No será una afectación a este principio que los trabajadores sindicalizados puedan hacer protestas y cortar los caminos para que quienes no son parte del proceso de huelga no puedan ir a trabajar? Esto aún es más grave, porque los cortes de camino y las manifestaciones han impedido que los trabajadores que se desempeñan legalmente en las labores esenciales de la faena tampoco lo puedan hacer, por lo que la empresa hizo un “puente aéreo” con helicópteros para evitar posibles ataques.

Más allá del “puente aéreo”, han sorprendido las reacciones. El presidente del Sindicato Mina señaló que la empresa “dice no tener dinero para negociar, pero gasta millones en helicópteros”. ¿Sera razonable? Aunque sabemos que los beneficios que se dan en un contrato colectivo, son permanentes en el tiempo y el gasto en transporte es excepcional.

Pero lo más sorprendente es que, pese a que la empresa debió acudir a la Corte de Apelaciones y ganar un recurso de protección en el que se reconoce el actuar ilegal y arbitrario del sindicato de Trabajadores de la Compañía Minera Candelaria Mina, la DT y las autoridades no garanticen los derechos de la compañía ni de sus trabajadores. ¿Nos hemos acostumbrado a que los sindicatos puedan tomar medidas ilegales? Desgraciadamente creo que sí, y también a la inactividad de los órganos fiscalizadores, que hacen que las medidas de protección que tienen las empresas sean letra muerta.

¿Qué importa tener servicios mínimos si no los puedo ejecutar? ¿Qué importa que el Código del Trabajo y la Constitución me permitan la libertad de trabajo y de movimiento, cuando no puedo ir a mi trabajo sin ser amenazado o agredido? Es sorprendente ver en la prensa que el Intendente de Atacama asegure que los vuelos de los helicópteros del “Puente aéreo” están siendo monitoreados, y ninguna autoridad diga que las actuaciones del sindicato serán sancionadas y que los accesos están siendo y serán protegidos para darles tranquilidad a los trabajadores que buscan mantener los servicios esenciales de su fuente de trabajo.

Más allá del eslogan de las asimetrías e injusticias, de los poderosos y los débiles, en una sociedad debemos respetar las reglas, y cuando uno ve que el foco de atención no se centra en la indefensión evidente y reconocida por la Corte de Apelaciones, se está protegiendo implícitamente al que tiene más fuerza, al que grita más alto. El posible que el acostumbramiento de este tipo de conductas se pueda ir traduciendo en la violencia que vemos en las calles.

La ciudadanía requiere una autoridad clara en defender al violentado, sin importar su edad, sexo, estirpe o condición. Actuar con firmeza y a llamar a las cosas por su nombre, eso es lo que se espera de un Estado de derecho.

Necesidad de la empresa versus desempleo

EL MERCURIO LEGAL
05 de noviembre 2020
OPINIÓN / María Luisa García

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El mercado laboral atraviesa importantes desafíos producto de la crisis social y el impacto de la pandemia transversalmente. De hecho, la preocupación de las autoridades está en la reactivación de la economía y en disminuir la tasa de desempleo, que bordea el 12,3%. Ante este escenario, podemos estar todos de acuerdo en que las empresas deben seguir funcionando como fuente generadora de empleos.

Dicho lo anterior, según el último informe de terminaciones de contratos de la Dirección del Trabajo, vemos el aumento exponencial de los despidos fundados en la causal del artículo 161 inciso 1 del Código del Trabajo, esto es, por “necesidades de la empresa”. Se pasó de 277.542 despidos durante el período de agosto a diciembre del año 2019 a un total de 846.044 en el mismo período de 2020. Entonces, si la principal causal de terminación de contrato laboral es actualmente por “necesidades de la empresa”, conviene analizar qué entienden realmente los jueces laborales por dicha causal y cuándo estiman que está justificada su aplicación.

La causal se funda en antecedentes objetivos relacionados con el funcionamiento de la empresa, ya sean de carácter económico, tecnológico, estructural o productivo, y no se relacionan con la persona del trabajador. Por lo tanto, podría estimarse justificada la causal cuando se ha determinado que efectivamente existe una necesidad económica basada en una situación objetiva, grave y no subsanable de la empresa en el corto tiempo, sin embargo, en la práctica no es así.

Por simple que parezca, frente a cada juicio de despido por “necesidades de la empresa” hay que desplegar un importante trabajo técnico y estrategia procesal para conseguir una sentencia favorable, como si se tratara de un desafió casi imposible de alcanzar dada la escasa probabilidad de éxito, considerando que el 90% de los fallos declaran injustificados los despidos basados sobre esta causal.

Pareciera olvidarse que la facultad de un empleador de elegir a uno u otro trabajador es parte de la libertad que, en tanto administrador, tiene de determinar cómo seguirá adelante con la marcha de su negocio, es decir, con quienes considera más aptos y con quienes no. Por tanto, no es esto algo que se debiera explicar para fundamentar el despido, sino justificar los presupuestos propios de la causal. Si el juez, por su parte, estimara que las razones son otras, una suerte de discriminación, aquello debiese ser alegado en la demanda. En muchos casos, no obstante, no ocurre de esta manera, imponiendo el juez exigencias mayores a las contempladas por la ley.

Es evidente la desconfianza de los jueces ante estos casos, para que no se convierta en un mecanismo unilateral encubierto de terminación del contrato. La causal debe responder a hechos objetivos que lleven forzosamente a la empresa a recurrir al despido de un trabajador, sin que su justificación pueda implicar una mera maximización de las utilidades de la empresa en desmedro del personal que trabaja en ella.

Pero, ¿se requiere entonces que las empresas acudan a la causal solo al borde de la insolvencia? Evidentemente no, y vale la pena insistir en este punto, pues ante un país con alto desempleo, la única vía razonable para disminuir este es velar por las fuentes laborales: mayoritariamente las empresas. Obligar a acreditar las “necesidades de la empresa” con un estándar tal que suponga que aquella que esté en crisis o cayéndose a pedazos no parece la interpretación razonable y esperable de esta causal de despido. Precisamente, su fin último es evitar dicho camino, diferenciándose de esa forma de la causal del artículo 163 bis del Código del Trabajo, basada en la existencia de una declaración judicial concursal de liquidación de bienes por insolvencia del empleador.

Las altas exigencias para estimar justificado un despido llevan al extremo de ver a empresas tratando de subsistir en su mínima expresión. Sin embargo, no debe olvidarse un aspecto relevante, cual es el fin último por el cual existe una empresa, la que, más allá de sus objetivos sociales, tiene como objetivo principal la obtención de ganancias, es decir un fin lucrativo. Este propósito es amparado por la Constitución Política en el artículo 19 N° 24 y 21. La empresa puede, entonces, hacer las modificaciones necesarias para optimizar sus ganancias, siempre y cuando no afecte los derechos de los trabajadores. No sería correcto, a mi juicio, entender que la causal de “necesidad de la empresa” deviene de un afán de supervivencia o subsistencia y que solo en esos casos se encuentra justificada la desvinculación.

La “necesidad” a que hace referencia la ley es la de cumplir los fines para los cuales la empresa fue creada, por ejemplo, mantener un rol competitivo en el mercado en que se encuentra, siendo rentable y eficiente en el camino para alcanzar sus fines, por lo que no corresponde al tribunal determinar si la decisión es correcta o adecuada desde un punto de vista económico o financiero. Lo contrario sería dar pie a que el Estado, o los tribunales, gerencien una empresa.

Llama, por ende, la atención que un juez, reconociendo los efectos que los acontecimientos referidos han tenido en la productividad de la empresa, sostenga que los efectos no son permanentes, soslayando la difícil situación que atraviesa, por ejemplo, un restaurante que mantuvo cerrada sus puertas siete meses.

El desafío de nuestros tribunales, en este escenario de crisis, es el de hacer converger la realidad económica de las empresas con el principio de protección al empleo. Parece forzoso recordar que no existe mejor protección al empleo que mantener las fuentes laborales y que, al final del día, es la empresa la que genera los empleos. Un excesivo proteccionismo lleva al contrasentido de impactar negativamente sobre la contratación y mantención del empleo.

Análisis y comentarios a la ley N° 21.220 que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia

Revista Jurídica Universidad de los Andes
Sebastián Parga Moraga, Pablo Vasseur Gallo
Vol. 3, Núm. 2 (2019)

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Con motivo de la reciente dictación de la ley N° 21.220 que “modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia”, se incorporó un nuevo Capítulo IX al Título II del Libro I del Código del Trabajo, denominado “Del Trabajo a Distancia y Teletrabajo”, que entre los artículos 152 qúater G a O, introdujo una serie de modificaciones e innovaciones en la materia. El objetivo de este artículo es dar cuenta de las principales innovaciones de la ley, poniendo énfasis en los aspectos más problemáticos o que mayores dudas han generado en los operadores jurídicos, utilizando como marco normativo la propia ley N° 21.220 publicada el 26 de marzo de 2020, el dictamen ordinario N° 1389/007 de la Dirección del Trabajo del 26 de marzo de 2020, la Ley N° 16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y demás normativa aplicable.


Referencias

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  • Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo (AMET). (2002). Recuperado de: https://www.uned.ac.cr/viplan/images/acuerdo-marco-europeo-sobre-teletrabajo.pdf [Fecha de consulta: 26 de junio de 2020].
  • Belzunegui Eraso, A. (2008). Teletrabajo en España, acuerdo marco y administración pública. Revista Internacional de Organizaciones (RIO), (1), 129-148.
  • Caamaño Rojo, E. (2010) El Teletrabajo como una alternativa para promover y facilitar la conciliación de responsabilidades laborales y familiares. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 33, 79-105.
  • Cialti, P.-H. (2017). El derecho a desconexión en Francia: ¿Más de lo que parece? Temas laborales. Revista andaluza de trabajo y bienestar social, 137, 163-181.
  • Departamento de Estudios Dirección del Trabajo (2005). Trabajo a domicilio en el siglo XXI Tres miradas sobre el teletrabajo. Cuaderno de investigación N° 26. Santiago de Chile: Gobierno de Chile.
  • Irureta Uriarte, P. (2014). La noción jurídica de empleador ante el derecho del trabajo. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 42, 251-282.
  • Naranjo Colorado, L. (2017). Vicisitudes del nuevo derecho a la desconexión digital: Un análisis desde la base del derecho laboral. Saber, Ciencia y Libertad, 12 (2), 49-57.
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  • Organización Internacional del Trabajo. (2016). Las dificultades y oportunidades del teletrabajo para los trabajadores y empleadores en los sectores de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y financieros: Documento Temático para el Foro de diálogo mundial sobre las dificultades y oportunidades del teletrabajo para los trabajadores y empleadores en los sectores de servicios de TIC y financieros. Ginebra: Departamento de Políticas Sectoriales.
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Informalidad laboral en Chile

EL MOSTRADOR
15 de octubre 2020
OPINIÓN / Francisco Plass

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Al momento de medir el ingreso per cápita en todos los países del mundo, solo entran a la estadística los empleos formales, y no los trabajos precarios o informales, que si fueran sumados evidentemente harían descender las cifras a números no tan optimistas. Un ejemplo de ello es el estado de California en los Estados Unidos, uno de los ingresos per cápita más altos del mundo, pero también con tazas de informalidad laboral bastante elevadas; mexicanos y latinos en general emigran a ese estado, por cuanto se trata de un próspero centro productivo conocido por sus muchas oportunidades de empleo. Similar situación ocurre en las principales potencias europeas, respecto de inmigrantes africanos y asiáticos.

El fenómeno que ocurre a raíz de lo descrito tiene dos consecuencias que preocupan, por una parte empresas y comerciantes se desarrollan a costa de los trabajadores, y por otra, el Estado deja de percibir recursos vía impuestos por el trabajo, que pudieran utilizarse en ayuda social o promoción de la clase media. La distorsión social y en el mercado del trabajo es por tanto evidente, detonándose graves problemas de justicia retributiva y distributiva.

Lo anterior es reflejo de que, contrario a lo que podría pensarse, la informalidad laboral no es sinónimo de país subdesarrollado, sino que debe asociarse más bien a una carencia del Estado en la regulación del trabajo y las condiciones del empleo.

Chile no escapa a este problema mundial, y además lo ha visto crecer en el último tiempo, por su calidad de referente económico en la región. Todos hemos sido testigos del aumento considerable de inmigrantes que han llegado a nuestro país, principalmente de Sudamérica y América del Norte (Haití). En general, puede apreciarse que las grandes empresas han dado igualdad de trato (respecto de los chilenos) a estos extranjeros que se han interesado en participar en el mercado del trabajo nacional, teniéndolos en la formalidad desde un principio.

El problema se presenta más bien en la pequeña y mediana empresa, que ven atractivas las contrataciones de trabajadores a un menor costo (siendo rentable todavía asumir los riesgos), lo que a corto y mediano plazo también es conveniente para el trabajador extranjero. Trabajadores chilenos también entran en esta dinámica, pero en menor medida, con algunos puntos álgidos como son las empleadas de casa particular y el pequeño comercio.

Para un comentario adecuado de la informalidad laboral y sus remedios, debemos considerar a grandes rasgos tres tipos de trabajadores, que han estado últimamente en el ojo del huracán: a) trabajadores por cuenta propia; b) trabajadores que se encuentran en una zona gris entre la independencia y la subordinación y dependencia; y c), los trabajadores dependientes que son mantenidos en la informalidad por sus empleadores.

Sebastián Parga M. fue elegido como el Abogado Joven + destacado de Litigación Laboral por Leading Lawyers 2020.

DIARIO FINANCIERO
6 de octubre 2020

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La guía legal, Leading Lawyers, destacó a los abogados chilenos más influyentes y prometedores, en esta oportunidad el ranking destacó 10 disciplinas y sumó reconocimientos para abogados en regiones y el extranjero.

Desde hace algún tiempo que la baja presencia de mujeres en los rankings legales está en tela de juicio. Frente a esta situación, la guía legal chilena Leading Lawyers, elaborada por Idealis, en su versión 2020 buscó una mayor participación femenina, pero sin establecer cuotas. A nivel de jurado logró que un 25% de quienes aceptaron ser parte del proceso fueran mujeres.

Ya en los resultados, se obtuvo que a nivel general un 27% de las nominaciones fueran abogadas, un 15% logró posicionarse entre las más influyentes del espectro jurídico local, cifra que se empinó al 31% al tratarse de las mayores promesas del área.

En suma, un tercio de los reconocimientos fueron logrados por profesionales mujeres. A juicio de Idealis, la piedra de tope para una mayor representatividad sigue la baja presencia de socias en los estudios jurídicos y menor número de fiscales y gerentes legales mujeres.

Carey, PPU y Morales & Besa, en tanto, fueron los estudios que lograron una mayor presencia con sus profesionales, mientras por universidad de origen se impuso la UC con el 47%, seguido de la Universidad de Chile con 33% y más atrás la Universidad de Los Andes, Adolfo Ibáñez y Diego Portales.

En cuanto a las categorías que recibieron más nominaciones, estas fueron Litigación Civil, Abogados In House y Litigación Laboral.

En esta oportunidad el ranking destacó 10 disciplinas y sumó reconocimientos para abogados en regiones y el extranjero. Asimismo, en cada categoría destacó a la persona que más sabe del área, el abogado promesa (con un corte de 45 años como tope) y en tercera instancia los abogados jóvenes más destacados.

Gobierno se enfrenta al Congreso y a funcionarios públicos por veto a proyecto de tutela laboral

DIARIO FINANCIERO
17 de septiembre 2020

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A mediados de agosto, diversas organizaciones de trabajadores del sector público celebraban el despacho a ley del proyecto que les otorga tutela laboral. Es decir, darles la opción de recurrir a la justicia en caso de ver afectados algunos de sus derechos fundamentales, como la libertad de expresión.

En simple, el proyecto tenía por objetivo incorporar a las relaciones laborales del sector público el procedimiento de tutela laboral consagrado en el artículo 485 del Código del Trabajo, algo que en términos legales no era posible, ya que el primer artículo de dicha legislación establece que todos los trabajadores de la administración pública quedan excluidos de la legislación laboral, por regirse por regulaciones diferentes.

Sin embargo, el proyecto despachado estableció que “el procedimiento de tutela laboral beneficia a todos los trabajadores, incluidos los funcionarios de la administración pública, del Congreso Nacional, del Poder Judicial, de las empresas públicas; igualmente a los trabajadores del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, del Servicio Electoral, de la Contraloría General de la República y del Banco Central; y a aquellos que sus propias leyes declaren como autónomos”.

Pese a todo, el Gobierno decidió ayer vetar la propuesta e impulsar una serie de correcciones al proyecto.

Una pugna histórica

Hasta el 2013, las causas promovidas por funcionarios públicos en los juzgados laborales eran muy pocas, ya que predominaba el procedimiento oficial para ellos: recurrir a la Contraloría General de la República.

Sin embargo, el escenario cambió en 2014 cuando se observó un aumento relevante en el número de causas de este tipo, temática que luego tomó presencia en la Corte de Apelaciones, la Suprema e incluso el Tribunal Constitucional.

Esto terminó impulsando una serie de propuestas legislativas para regular el tema, ya que había entidades que decían que los trabajadores públicos sí podrían recurrir a la justicia -como la Corte Suprema-, mientras que otras como el TC reiteraban que eso no era posible.

Finalmente, las mociones de diversos senadores dieron forma a la propuesta que fue despachada el 18 de agosto por parte del Senado, y que fue respaldada por organizaciones como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

Sin embargo, ayeR se conoció que el Gobierno ingresó un veto presidencial para corregir la propuesta despachada por el Congreso.

¿Qué busca cambiar el veto? Una de las normas permitía a la Dirección del Trabajo fiscalizar las relaciones en materia de tutela laboral en el Estado. Sobre esto, el veto del Ejecutivo propone que la Contraloría esté a cargo de esto.

El veto, además, establece que los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden no podrán invocar la tutela laboral.

Molestia en el Parlamento

La decisión del Gobierno desencadenó un fuerte malestar en el Congreso.

“Es insólita la decisión del Gobierno de vetar el proyecto de tutela laboral para las y los funcionarios públicos. Esta ley fue aprobada por alta mayoría en el Congreso, el Gobierno jamás presentó una alternativa y ahora nos pone en la posición de aprobar este veto bajo sus condiciones o nos podríamos quedar sin ley”, criticó la presidenta de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans.

A través de una declaración pública, la bancada de diputadas y diputados del Partido por la Democracia (PPD) manifestaron también sus críticas a la decisión del Ejecutivo.

“Una vez más, el gobierno del presidente Piñera desafía los resultados obtenidos en la tramitación de los proyectos de ley en ambas Cámaras que van en directo beneficio de los trabajadores y de las personas más vulnerables de nuestro país, tal y como sucedió con el proyecto que prohibía el corte de servicios básicos dada la crisis sanitaria y el de implementación de un nuevo sistema de protección especializada a la niñez y adolescencia”, es parte de la declaración.

El sector público no fue ajeno al tema. Desde la ANEF también manifestaron su malestar, señalando que el Ejecutivo nuevamente ha demostrado una “actitud antidemocrática”.

Al vetar el proyecto, ya listo, de tutela de derechos fundamentales, el gobierno pretende dilatar el legítimo resguardo judicial que deben tener los trabajadores del Estado. Dejándolos en la absoluta indefensión judicial ante los abusos y las discrecionalidades de las autoridades de los gobiernos de turno”, dice una declaración de la ANEF.

Abogados respaldan correcciones

Pese a todo, entre los abogados laborales fueron valoradas las correcciones que ingresó el gobierno a la propuesta legal.

A juicio de Jaime Salinas, socio fundador de Salinas Toledo, normar la situación de si aplica a no las tutelas a funcionarios públicos es algo “tremendamente necesario, ya que hoy tenemos una situación bastante desordenada. Judicialmente hablando, tenemos el caso de funcionarios públicos que demandan por tutela en tribunales laborales y otros que deciden interponer recursos de protección que son conocidos por las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema (vía apelación)”.

Respecto al veto, el experto señala que fue “bastante acertado al sacar a la Dirección del Trabajo de la obligación de hacer informes para los procesos de tutela, explicando que quien fiscaliza las relaciones estatutarias es la Contraloría exclusivamente”.  

Sin embargo, no considera adecuado entender suspendido el plazo para interponer una tutela mientras se resuelve el reclamo ante este mismo órgano, “pues el plazo que hoy existe para los trabajadores del sector privado de 60 días de plazo para interponer una acción de tutela, en la práctica, podría ser de muchos meses o exceder de un año para los funcionarios públicos si es que la tramitación del reclamo en Contraloría se demora mucho, como suele ser. Ello llevará a situaciones de incertidumbre, a no renovaciones de contrata sin resolución aún del reclamo, con interpretaciones diversas según los intereses del caso. Por eso este último punto me parece un desacierto”, agregó Salinas.

Carlos Gutiérrez, socio de Canales Parga, también respalda el actuar del Gobierno, y señala que las correcciones, en general, parecen adecuadas. Sin embargo, señala que “a pesar de intentar regular de mejor manera y abordar temas no tratados, siguen existiendo interrogantes que seguirán resolviendo los tribunales. Se debe reconocer en todo caso, que el veto intenta mejorar aspectos prácticos de la ley, por ejemplo el rol de la Inspección del Trabajo, a quienes deja fuera en temas de investigaciones de vulneración de derechos fundamentales de funcionarios, reforzando las competencias de la Contraloría General”, sostuvo.

Una mirada similar entrega Rodrigo Marín, socio de Parraguez & Marín, quien plantea que el veto respeta la finalidad del proyecto, que es dar certeza a la aplicación del procedimiento de tutela a los funcionarios públicos y municipales.

“Adecúa dicha aplicación a las características propias de los estatutos de dichos funcionarios, los cuales contienen normas sustantivas y mecanismos de fiscalización que en ciertos aspectos no son compatibles con algunos aspectos del procedimiento de tutela. Es el caso del rol de la Inspección del Trabajo que evidentemente entra en conflicto con el rol de la Contraloría respecto de los funcionarios públicos y municipales; y también, el caso de la incompatibilidad de ciertas indemnizaciones por término de contrato”, dice Marín.