Efectos de la extensión del Estado de Excepción Constitucional; pérdida de la justificación de la legislación de emergencia

CONTROVERSIA
19 de marzo 2021
OPINIÓN / Francisco Plass

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Se ha extendido por ley el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe hasta el 30  de junio de 2021, con ello este régimen constitucional excepcional ha alcanzado ya un año ininterrumpido de vigencia, lo cual repercute en materias laborales como en la suspensión de la prescripción y caducidad de acciones, y en la extensión de fueros maternales.

La ley 21.226 establece un régimen jurídico de excepción, que influye en el ejercicio de acciones judiciales que pudieren interponer trabajadores en defensa de sus derechos, ya sea por término de la relación laboral o bien estando ésta aún vigente. Su efecto es que los plazos de prescripción y caducidad se suspenden hasta 50 días de terminado el Estado de Excepción. La  ley 21.260, prorroga el fuero maternal hasta el término del Estado de Excepción por Catástrofe, en atención al Covid.

A mi juicio, la acertada ampliación del Estado de Excepción Constitucional puede minar, por otra parte, la certeza jurídica necesaria para que las acciones judiciales no se prolonguen indefinidamente.

Pensemos que todos los despidos producidos en pandemia pueden ser reclamados judicialmente, lo que parece excesivo si consideramos aquellos efectuados el primer semestre de 2020, y es  que ello no tiene mucha justificación si las acciones pueden ser presentadas a través del  portal web del Poder Judicial, y los trabajadores pueden enviar la documentación a sus abogados mediante sus teléfonos celulares y aplicaciones que están al acceso de la inmensa  mayoría de las personas. Las audiencias se llevan a cabo, asimismo, íntegramente por plataformas tecnológicas. En suma, miles de acciones laborales se encuentran hoy suspendidas y vigentes, cargando dichas contingencias en los hombros de empresas que pueden estar, desde un punto de vista económico, verdaderamente afligidas.

Esta aplicación extensiva del Estado de Excepción Constitucional no parece, entonces adecuada, además porque las personas ya han aprendido a convivir con las dificultades y a utilizar más masivamente los medios tecnológicos. La única consecuencia que se vislumbra, es una incerteza en el tiempo en cuanto al ejercicio de los derechos de los trabajadores, y las gravosas consecuencias económicas que, para empresas ya debilitadas, puede ser su sentencia de muerte; viéndose obligadas a pagar indemnizaciones de relaciones laborales terminadas hace años.

Lo propio ocurre en cuanto a los fueros maternales, que han sido creados para la protección de la maternidad, evitando alguna exclusión laboral de la mujer mientras debe dedicar más tiempo al hijo recién nacido. De acuerdo a nuestra legislación el fuero maternal se extiende en un año contado desde el fin del descanso de maternidad, excluido el post natal parental. Sin embargo, por disposición de la ley 21.260, dicho fuero se prolonga hasta el fin del Estado de Excepción.

Seguramente más de alguien habrá pensado en la desproporción que esto puede implicar, ya que, si bien la norma tiene un sentido de auxilio hacia las madres y su rol de tales, no se concibió esta legislación especial como un sinsentido.

Es así como la legislación sanitaria propendía a que la madre pudiera utilizar las prerrogativas de esta legislación de emergencia, tales como el teletrabajo, de ser posible, cambio de funciones donde no hubiera público que pudiere contagiarla, e incluso el uso de licencias médicas prorrogables para no arriesgar la vida o salud del menor.

Lo anterior, como decimos, se justificaba en la edad más temprana del niño, pero nunca se pretendió entregar a las madres una prerrogativa sin fundamento. Pues bien, hoy puede pasar que una madre con un hijo de más de dos años de vida siga con fuero, lo que no parece razonable.

En fin, las cuestiones abordadas, propias de la legislación de emergencia por Covid, relacionadas a materias laborales, requieren de un urgente ajuste, pues se plasman en derechos que hoy comienzan a perder su sentido y encarecen más y más la empleabilidad y fuerza de trabajo. No parecen ya derechos adecuados sino instituciones añejas que pueden afectar seriamente el mercado laboral, y las ya tan debilitadas medianas y pequeñas empresas.